La corrupción genera desigualdad política. Lo indigerible de esta aseveración es que la democracia descansa en los pilares de legalidad, igualdad y libertad. Por ende resulta complejo pensar en una verdadera democracia en donde no hay igualdad en los procesos que precisamente construyen a la misma democracia.
En lo procedimental del sistema de partidos y del sistema electoral mexicano yacen muchas trampas que coadyuvan a que la corrupción sea parte del engranaje democrático.
El financiamiento y el gasto ilegal en las campañas han llevado a que las agendas legislativas de los partidos sirvan a los intereses de particulares. Lo vimos con el caso Odebrecht, cuando Carlos Fadigas, ex director de la compañía aceptó que Braskem (filial petroquímica de Odebrecht) “acompañó” a Enrique Peña Nieto y a todo su equipo a lo largo de su campaña. Pocos años más tarde, la operación Lava Jato expuso la gran red de corrupción que giraba en campañas políticas que la compañía brasileña tejió en toda América Latina.
Los beneficios de la élite empresarial que decide invertir en las elecciones son contratos, permisos o regulación favorable, mientras que los beneficios del narcotráfico tienen sentido en las rutas de trasiego de droga, protección policial o para apoderarse del gobierno y de las plazas en venta. (María Amparo Casar, 2018)
Cualquiera de estas dos vías de financiación de campañas y de partidos políticos implican corrupción e ilegalidad, y ambas son indefectiblemente una captura del Estado. Está captura es política y se da a nivel de las élites: resulta en una gran influencia en el diseño y adopción de políticas públicas y económicas. Lo que significa que el gobierno ya no sea el espacio público por excelencia, sino más bien, un espacio privado. Otra posible conclusión es que si el gobierno en turno permitió el financiamiento ilegal para llegar al poder, muy probablemente no nos esta representando.
Gilens y Page descubrieron en un estudio que en Estados Unidos, el 90% de la población tiene apenas el 30% de probabilidad de impulsar leyes aún teniendo total aprobación de la sociedad en tal o cual ley.
Gran diferencia que encontramos en el 10% más rico de la sociedad, que tiene hasta el 61% de probabilidad de lograr que una ley se apruebe. O al contrario, si una ley no convence a este 10% de gente rica, hay una total seguridad de que esta ley no sea aprobada por el congreso.
Para más información, les compartimos el línk con el vídeo que resume la investigación de Gilens y Page: https://youtu.be/gm7BVp__6aE
En cuanto a México, ¿Qué podemos esperar de una clase política que carga con un expediente repleto de actos de corrupción? Además de vivir en el segundo país más desigual en la región latinoamericana, considerada la más desigual del mundo, y con uno de los últimos puestos del índice de percepción de la corrupción (hecho por Transparencia Internacional), lo que nos queda es trabajar en el combate a la impunidad y fortalecer al Estado de Derecho.
Escrito por Francisco Vega Oviedo
Estudiante de ciencias políticas
