La lucha por proteger la tierra y el medio ambiente es cada vez más peligrosa en cualquier parte del mundo, el constante incremento de asesinatos se ha vuelto una tendencia preocupante por lo que debemos comprender cómo y porqué las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, quienes deberían ser consideradas héroes por proteger a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas e intimidadas de forma rutinaria sin ningún castigo alguno.
Los defensores ambientales son una de las piedras angulares del Estado de derecho, pero el Estado, empresas y grupos criminales los consideran un obstáculo catalogándolos como enemigos sólo por proteger nuestro planeta. Cuando la gente que vive en estas tierras afectadas asume una posición frente a éstos, se enfrentan a las fuerzas estatales, a los asesinos a sueldo o en confrontaciones violentas. Por lo que, eliminar todas las formas de violencia que padecen debe ser una prioridad, pues defender su entorno implica enfrentar un contexto complejo en donde las brechas de la desigualdad y del poder son más visibles.
Muchas son las historias de vida de cada uno de estos defensores, en donde es lamentable observar los enormes retos a los que se enfrentan ya que las barreras lingüísticas y geográficas les impiden acceder a los servicios básicos de seguridad, salud, educación los cuales profundizan la vulnerabilidad de los defensores indígenas. Sin embargo, a pesar de sus innumerables carencias, todos ellos tienen una sola meta: defender su tierra, el medio ambiente y sus recursos con tal valentía y firmeza que muchas veces con sólo conocer su historia de vida, nos lleva a reconocer su invaluable valor y su lucha.
Entre los casos más violentos que sucedieron en nuestro país en años previos, destacan historias como la de Julián Carrillo (Chihuahua), defensor del territorio del pueblo rarámuri ante la tala ilegal, motivo por el que cinco miembros de su familia fueron asesinados.
Samir Flores (Morelos), defensor del territorio por la implementación del proyecto termoeléctrico impulsado por el Estado. Isaías Cantú (Guerrero), defensor del derecho al territorio ante la explotación minera de oro y plata en su región. Luis Armando Fuentes (Oaxaca), defensor de derechos humanos en protección del territorio del Istmo de Tehuantepec. José Luis Álvarez (Tabasco), defensor del mono saraguato, quien pidió protección del Estado y nunca le fue dada denunciando la extracción ilegal de arena en el río Usumacinta. Homero Gómez (Michoacán), defensor de los bosques y guardián de la mariposa monarca, ante la tala clandestina. Y Eugui Roy Martínez (Oaxaca), quien con sólo 20 años jamás pensó que por defender la vida, le quitarían la suya … la lista podría seguir, ya que éstos son sólo algunos de los muchos casos registrados que han sucedido en México, sin embargo, es importante resaltar que tanto los asesinatos, ataques, intimidaciones, criminalización, entre otras agresiones suceden en todo el mundo.
Resulta totalmente irónico que las personas que destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan del castigo, viviendo totalmente en la impunidad, mientras que los activistas son clasificados como criminales por interponerse en los intereses personales y económicos de los gobiernos y empresas. En lugar de responder a las terribles amenazas que enfrentan estas valientes personas el Estado hace poco por protegerlas, o bien, colaboran activamente en los abusos en su contra.
Cada día se observa que la tolerancia de las autoridades a la protesta pacífica se está deteriorando a medida que se priorizan los intereses de unos pocos. El que cada vez lleguen al poder mandatarios populistas autoritarios en todo el mundo, ha provocado una represión de la protesta bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional o de “combatir” la violencia, y esto lo podemos observar en países como Brasil, donde el actual presidente Bolsonaro ha prometido que permitirá la explotación de las reservas indígenas, con proyectos de minería y agricultura. Y qué decir de México… sólo observar que el proyecto del Tren Maya en lo que va del año, ya desencadenó una serie de invasiones a tierras indígenas y las comunidades viven con temor a futuros ataques.
Los asesinatos son la manifestación más violenta de abusos, además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. De acuerdo a Global Witness (2020), abusan de las leyes y políticas para criminalizar e intimidar a las personas, familias y comunidades defensoras. Especialmente a las personas indígenas quienes están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de los países, junto con las instituciones y las organizaciones que existen para protegerlos.
Los defensores ambientales resultan en consecuencia ser víctimas sin tierra, sin pan, sin justicia y sin paz. En cada estado de nuestro país existen personas intimidadas, amenazadas y asesinadas. La situación a la que se enfrentan es difícil de medir, porque no hay libertad de prensa, y los gobiernos o las ONG no monitorean ni documentan las violaciones de forma sistemática, por lo que la criminalización y las demandas se están usando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo. A su vez, los inversores están alimentando la violencia financiando proyectos abusivos, abandonando a los activistas amenazados a su suerte.
Para conocer más sobre este tema visita @defensoresdelatierra
Escrito por Ximena Sánchez Martell Pérez
Consultora en Responsabilidad Social Empresarial
Referencias:
(2019) CEMDA “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales”. Recuperado el 27 de junio del 2021. Disponible en: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/informe-personas-defensoras-2019.pdf
(2019) Global Witness “Enemigos del Estado”. Recuperado el 27 de junio de 2021. Disponible en https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/
Ilustración: modificada de CEMDA 2019
