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¿Si es tan necesario tener una certificación, quién certifica a las certificadoras? | Terraética

¿Si las empresas son transparentes en sus prácticas, y realizan estrategias y políticas para integrarse plenamente en la Responsabilidad social empresaria, qué diferenciación adquieren al certificarse, si en casi todos los casos, la misma voluntariedad (y demás valores explícitos y demostrables) de la empresa servirán como certificaciones no-oficiales?

 

¿Si confiar en la certificación de una empresa es confiar en la certificadora, entonces por qué no ahorrar un paso y confiar en la empresa misma? ¿El requisito de la certificación, no es en realidad un viejo remanente de adaptación de los viejos modelos en los nuevos tiempos?

 

Todas estas preguntas tienen la evidente intención de demostrar que realmente no se requieren las certificaciones en casos de RSE, si y solo si, la integración con la RS es real y no solamente un lavado de imagen. Aún, siempre existirán casos que logren certificarse un año y al año siguiente romper con sus prácticas. ¿En qué contribuye esto realmente a las prácticas responsables? O peor todavía, ¿qué sucederá con las empresas que se han certificado pero al año siguiente no han posido pagar, por x razón, la certificación? ¿Quiere decir que dejan de ser socialmente responsables por ahorrarse costos?

 

Por supuesto que todo esto es una forma sesgada de entender la certificación. Alguien que esté a favor de ellas, pensará lo opuesto y tendrá toda una batería de preguntas que se centraría en la siguiente pregunta: ¿cómo asegurar que una empresa sea socialmente responsable sin un agente que lo pueda supervisar?

 

Y es en este apartado que la Responsabilidad social empresarial logra romper los esquemas anteriores, definiendo a su vez qué visiones son adaptaciones y qué visiones dan un paso más adelante. Pensar que deben existir empresas privadas que regulen a otras empresas privadas, más allá de lo que lo hacen los estatutos gubernamentales y, más importante, el escrutinio público, es pensar en el pasado. Una de las herramientas más importantes es la de la opinión pública, y ella puede encargarse de definir mercados y delinear los gustos en la oferta y la demanda.

 

La reglamentación por parte de los gobiernos se encargan de regular que las prácticas de las empresas sean legales y no sean nocivas para el tejido social-ambiental del país o región que delimitan. Y la opinión pública se encarga de  preferencias entidades responsables y (casi) hundir empresas irresponsables. Quizá quien no acepte esto, deba recordar quién calificó a las calificadoras de créditos durante la últimas crisis financieras. Que hubiera calificaciones triple A no erradicó la posibilidad del colapso financiero, y eso que las calificadoras gozaban de la confianza de los agentes involucrados (entidades financieras, gobiernos, etc.) ¿No sería lo mismo cuando vemos las certificadoras de RSE?

 

Escrito por Roberto Carvallo Escobar

 

Tw. @rob_carvallo

 

Director de Terraética y orgulloso creador de Resiliente Magazine