Estamos en un punto en donde el mundo está en su momento más letal para defender la naturaleza. Los defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente están bajo amenazas constantes por enfrentarse al poder de grandes corporaciones, grupos criminales e incluso, sus propios gobiernos para proteger sus tierras y su forma de vida.

 

De acuerdo al Informe de la ONG Global Witness (2020) cada tres semanas un ambientalista es asesinado en alguna parte del mundo, con un registro de 312 defensoras y defensores muertos en 27 países. Sin embargo, es muy probable que las cifras mencionadas sean menores a las reales, ya que muchos no son documentados y muy pocos son investigados. 

 

 

Lo más alarmante es que el 80% de estos asesinatos han tenido lugar en sólo 4 países: Colombia, Filipinas, Brasil y México. 

 

América Latina se posiciona en el lugar número uno en asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Las razones por las que sucede esto, es debido a que América es el continente con el mayor número de países que cuentan con una gran biodiversidad de recursos naturales, y por consiguiente los que más amenazas reciben en defensa de sus derechos para proteger la riqueza natural de sus zonas, ya que inevitablemente son perseguidos por aquellos que buscan explotarlos con ánimo de lucro, desplazando las poblaciones más vulnerables de sus propias tierras y provocando altos niveles de violencia.

 

Hablando específicamente de nuestro país, de acuerdo a la organización Global Witness en su Informe «Defensores del Mañana», menciona que México es considerado como un lugar violento para quienes luchan por proteger su tierra, posicionándonos así en el 4 lugar a nivel global de los países más peligrosos para ser un defensor ambiental. El contexto de México en materia de derechos humanos se ha caracterizado por la violencia sociopolítica que ha existido desde hace años y en la que existe un patrón sistemático y generalizado de graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado y el crimen organizado como los desplazamientos, las detenciones arbitrarias, masacres, la desaparición forzada y hallazgos de fosas clandestinas entre muchos otros. Esta es la situación cotidiana donde las personas defensoras de los derechos humanos ambientales desempeñan su lucha, por lo que esta violencia sociopolítica los afecta e impacta enormemente. 

 

Aunado a esto, la pandemia ha expuesto aún más la desprotección en la que se encuentran, ya que la falta de acceso a la justicia y a la información pública ha debilitado aún más su entorno. Por consiguiente, en nuestro país el número de registros por agresiones y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales aumentan cada año, siendo la violencia un constante factor que obliga a la sociedad a seguir visibilizando su lucha. Sin embargo, estamos ante un sistema que prioriza una visión de desarrollo económico que ha vulnerado los derechos sociales, culturales y ambientales. 

 

Según los datos de la organización internacional Front Line Defenders, quien ha visibilizado los asesinatos de los defensores, registró que el 85% de los casos las personas fueron previamente amenazas, es decir antes de que se cometa el asesinato se observa una serie de intimidaciones, amenazas y agresiones previas contra quienes defienden su tierra. A su vez se identificó que el 13% corresponden a asesinatos de mujeres y el 67% del total defendían derechos básicos, como la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre destruidos a causa de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes corporaciones (Front Line Defenders, 2019).  

 

Sumado a este contexto, “el 80% de los bosques y selvas del país, se encuentra en régimen de propiedad social, por lo que su uso, manejo y aprovechamiento colectivo pertenece a territorios de pueblos indígenas y comunidades” (CEMDA, 2019). Estos ecosistemas están constantemente impactados por la construcción de megaproyectos, sin ninguna consulta previa, dejando a las comunidades indígenas en una posición vulnerable. Además, la impunidad juega un rol fundamental en que esta situación permanezca y más aún se profundice hasta lograr que los defensores sean silenciados, ya que denunciar públicamente una agresión puede aumentar el riesgo, puesto que las denuncias no prosperan y las agresiones quedan en la impunidad,  dejándolos en total abandono ante la injusticia. 

 

Desde el año 2012, el CEMDA ha registrado constantemente los ataques y agresiones que se cometen contra quienes defienden los derechos humanos ambientales y lo que se ha observado es que aunque las cifras han variado cada año, es un hecho que la violencia es la constante alarma que obliga a la sociedad civil a seguir visibilizando esta situación para generar datos y exigir al Estado que genere medidas y políticas públicas para promover y construir un ambiente libre de violencia para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, la tierra y el territorio en el país.

 

Las siguientes gráficas describen los riesgos y amenazas que implica ser un defensor ambiental en México, reconociendo su invaluable contribución a la protección de los recursos naturales.

 

Para conocer más sobre este tema visita @defensoresdelatierra

Escrito por Ximena Sánchez Martell Pérez

Consultora en Responsabilidad Social Empresarial

Ilustración: Global Witness (2020)

Referencias:

(2019) CEMDA “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales”. Recuperado el 11 de junio del 2021. Disponible en: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/informe-personas-defensoras-2019.pdf

 

(2019) Front Line Defenders, Global Analysis pp. 5-6. Recuperado el 10 de junio del 2021. Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/ sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf