La participación ciudadana es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, tanto en México como en el mundo. Cada vez se reconoce más la importancia de que una democracia debe de permitir la toma de decisiones de manera mucho más directa. Ya no sólo es suficiente con los votos en las urnas y en los comicios de elección popular, sino es necesario  un proceso en donde participen los diferentes actores de la población. Gobierno, ciudadanía e instituciones privadas deben de comprometerse en ejercicios de participación igualitaria para lograr acuerdos en beneficios de todos.

 

En el 2015, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas la CEPAL, publicó un manual de lineamientos internacionales para asegurar una participación ciudadana que se pueda considerar legítima e incluyente en todos los niveles. En este manual recalca la importancia de incluir un proceso multiescalar para incluir a todos los niveles de tomadores de decisiones. También presenta seis principios que deben de seguir cualquier proceso de participación: 1) Transparencia y acceso a la información, 2) Voluntariedad, 3) No exclusión, 4) Equidad, 5) Reconocimiento y respeto por la diversidad y 6) Receptividad. Además, identifica cuatro tipos de niveles de participación: el Informativo, el consultivo, el  decisorio y de cogestión.

 

Con este manual se puede apreciar cómo va surgiendo una tendencia en el continente para cambiar los paradigmas de participación ciudadana tradicionales. Y en lo que respecta a México, ¿cuál es la situación actual? ¿Se puede hablar de participación ciudadana?

 

Cultura política en México

 

Antes de entrar a detalle con las leyes que existen a nivel nacional, se debe de hablar un poco de la historia política de la democracia en México. Esta cultura es causa y consecuencia del por qué se establecieron los mecanismos y sus requisitos como los vemos ahora.

 

La situación política del país, desde el fin de la revolución hasta los años 90´s, se puede describir cómo una forma de gobernanza centrada en un poder total ejercido del gobierno; más explícitamente, el presidente se vuelve una figura de poder supremo, el único que dirige y decide el rumbo del país; el principio y el final de las políticas públicas.

 

Alrededor de esa imagen y forma de gobernar se  empiezan a establecer iniciativas de ley para promover la participación de la sociedad en la vida política. Las primeras leyes tenían la intención de darle la oportunidad de expresar su opinión a la población, pero la decisión final seguía en manos del partido político dominante. Muchos autores resumen esos intentos como una simulación de participación ciudadana; sólo una manera de legitimar decisiones de la autoridad, mientras cumplen la cuota de “participación” por parte de la sociedad civil.

 

El presidencialismo también dejó su marca en la cultura política y social del país. Al ser una sociedad acostumbrada a una maquinaria política en dónde todo es decidido por el poder en turno, el interés y participación de la población quedó relegado más como un “extra” que se podía hacer como voluntariado. De ser un derecho ciudadano de cualquier mexicano, se volvió una actividad opcional para el tiempo libre del ciudadano.

 

Con la crisis económica que surgieron a partir de los años 80’ se empezó a ver un debilitamiento del poder que mantenía el gobierno. Con las votaciones del 2000, en dónde después de casi 60 años, el partido dominante perdía el poder; la alternancia representaba una nueva oportunidad para la participación ciudadana. Aun así, después de 12 años de un partido político que se proclamaba diferente, muchos consideran que fue una gran decepción. Al final, fue cómo se dice popularmente “más de lo mismo.”

 

A pesar del desencanto, la alternancia empezó a generar ciertos cambios en los mecanismos de participación. Empezaban a surgir nuevas propuestas y podía vislumbrarse un aumento en el interés de la sociedad en la política.

 

Mecanismos básicos de participación ciudadana

 

Desde el 2007, en México se cuenta con tres mecanismos principales para garantizar la participación ciudadana de forma directa. Estos son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

 

Las definiciones de cada una, según el senado de la república, son las siguientes:

 

“El plebiscito, entendido como un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual se pondrá a consideración de los ciudadanos, la aprobación o el rechazo en cuanto a una decisión o acto de carácter político que no gira en torno a un acto legislativo.”

 

“El referéndum es considerado la otra cara de la moneda en comparación con el plebiscito, en ambos se hace la misma consulta de aprobación o rechazo del ciudadano, sólo que en el referéndum la consulta es carácter legislativo.”

 

“Por lo que corresponde a la iniciativa popular, ésta consiste en el derecho que se le concede a los ciudadanos o al pueblo para hacer propuesta de ley al Poder Legislativo, esta posibilidad que tienen los ciudadanos para proponer ante el poder generador del orden jurídico, para que apruebe, derogue, abrogue o modifique normas; y está sujeta a que la iniciativa la presenten un cierto número de ciudadanos”

 

Otra herramienta más reciente y que cada vez es más utilizada son las consultas populares. Estas se definen cómo un “mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”

 

Esta última es la que ha cobrado mayor popularidad, debido a que puede ser convocada no sólo por la ciudadanía, sino también por el presidente y los partidos políticos.

 

También se debe de mencionar que a nivel estatal, cada estado ajusta los mecanismos y requisitos de participación ciudadana. Esto ha creado la situación en dónde no hay leyes unánimes en esta cuestión y en dónde cada entidad presenta un entorno único para la participación de la sociedad.

 

¿Qué está pasando?

 

Si ya existen las leyes, ¿qué es lo que asegura la legitimidad de los mecanismos de participación ciudadana? Ahora que va creciendo el interés de la población en la toma de decisiones ya se empiezan a analizar los requisitos para un buen ejercicio de la misma.

 

En su ensayo del 2015, Azucena Serrano establece que, para que exista una verdadera participación ciudadana deben de cumplirse cuatro requisitos fundamentales:

-Disponibilidad de información

-Protección de garantías individuales

-Confianza de la población hacia las instituciones

-Canales jurídicos y legales

Cabe señalar que cada una de ellas se entrelaza entre sí, y una puede ser causa o efecto de otra.

Estos lineamientos, junto con los de la CEPAL mencionados anteriormente, dan una idea general de lo que se espera de una actividad de participación ciudadana. Lamentablemente México no parece cumplir con ninguna de los cuatro requisitos.

 

Disponibilidad de información

 

Cuando se habla de la disponibilidad de información se refiere a la existencia de canales que permitan a la población poder acceder a datos. La CEPAL se refiere a esto como la “transparencia y acceso a la información.” Esto es de importancia  ya que permite que se tomen las mejores decisiones al crear una comunidad informada, con acceso a los datos pertinentes para juzgar una situación. En el caso de México, los canales más comunes son los medios de comunicación; también existen las instituciones oficiales de gobierno que permiten el acceso a datos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

 

A pesar de contar con los canales necesarios, en México se considera que todavía tiene un problema de transparencia a la información. Empezando con los medios de comunicación, en dónde los periodistas sufren atentados contra su seguridad. Hasta ahora, México es de los peores países para ser periodista, sólo por debajo de países que se encuentran en guerra. Con una profesión encargada de exponer la verdad constantemente bajo ataque, no se puede esperar información verídica sin representar un riesgo.

 

También la falta de apoyo por parte de las instituciones para garantizar el acceso a la información, debido a corrupción y encubrimiento, incapacitan la función de los organismos que deberían asegurar entregar información a la ciudadanía.

 

Protección de garantías individuales

 

Para que la población pueda ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos, gobierno y sus instituciones deben de asegurar la protección del bienestar de sus participantes. Cuando esto no ocurre, se puede llegar a detener la participación ciudadana. Tal es el caso que se mencionaba en el punto anterior: violencia hacia los periodistas.

 

No sólo es ese grupo el que sufre la violencia, sino también otros grupos de la población. Como marca los lineamientos de la CEPAL, es fundamental garantizar la equidad e integración de grupos vulnerables, como las mujeres o los grupos originarios. Sólo mencionando un ejemplo, los feminicidios en México son un ejemplo claro de la violencia sistémica hacia un sector de la población: se calcula que se asesinan a 10 mujeres al día. Si no se pueden cumplir las garantías de seguridad y protección a toda la población, entonces la participación ciudadana se verá interrumpida.

 

Confianza hacia las instituciones

 

Si el gobierno debe de ser el mayor responsable de garantizar la seguridad y la transparencia, ¿qué sucede si falla? Lo que sucede es una disminución en la confianza que tiene la población hacia las instituciones. Esto puede llegar a provocar que desaparezca el interés en participar en la toma de decisiones. Si los organismos responsables de hacer valer la ley no pueden asegurar una rendición de cuentas hacia la población, entonces la credibilidad de los mecanismos de participación se verá afectado.

 

Para el 2012, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas ciudadanas arrojaba que “los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los tres niveles de gobierno resultaron ser muy elevados” además de que las instituciones peor evaluadas en cuestión de confianza fueron “Sindicatos, Diputados, Senadores, Partidos Políticos y la Policía”

 

Canales jurídicos y legales

 

No menos importante es la existencia de los mecanismos de participación ciudadana. En este caso no sólo se debe de evaluar la presencia de las leyes que lo permiten, sino también analizar si son viables de llevar a cabo en el contexto en dónde se supone que deben de desenvolverse.

 

Varios autores comentan que un problema común en México desde hace ya décadas es la simulación de las leyes de participación ciudadana. Aunque al leerlas se puede apreciar la consideración hacia la población, cuando se analizan los requisitos necesarios para llevarlos a cabo se llega a concluir que son imposibles de realizar.

 

En algunos casos como en la consulta popular, se puede exigir a la ciudadanía una cantidad exagerada de firmas o de participantes. Sólo para solicitar una consulta se pide un 2% de firmas del padrón electoral. Para el 2018, según la página web “Foro Jurídico,” esto representaba “1 millón 788 mil 168 firmas”, algo casi imposible para la ciudadanía.

 

También con la necesidad de requisitos de organización complicados, como votaciones o mesas organizadas de población provoca que se requieran recursos monetarios y de tiempos que es casi imposible que muchos ciudadanos posean. Al final, esto transforma el mecanismo de participación inservible para la ciudadanía, siendo los partidos políticos los únicos que pueden realizarlos. Cuando esto ocurre, la participación ciudadana pierde su función de empoderamiento y se transforma en otro método para legitimar e impulsar decisiones del gobierno en turno, disfrazándolas como “peticiones de la sociedad”

 

Un ejemplo de participación ambiental: plásticos y popotes

 

Cada vez es más común que surjan iniciativas hacia los consumidores sobre el impacto que tienen sobre el ambiente. Dejar de usar popote, por ejemplo, fue uno de los primeros movimientos más llamativos que, al final derivó en una ley que prohíbe su venta. Continuando con este movimiento de reducción de desechos, se planteó el siguiente paso: dejar de usar bolsas de plástico.

 

Con esta corriente en boga, surgió al principio del 2020 la modificación a la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe entregar bolsas de plástico de un solo uso en los supermercados y a partir del 2021,  otros artículos de plástico como globos y cubiertos desechables.

 

Este movimiento es considerado por muchos como un éxito de la participación ciudadana, y de cómo un cambio de cultura gradual puede llevar a leyes a nivel nacional. Pero tampoco ha estado exento de críticas. Algunas que han surgido hacia estos tipos de iniciativas es sobre el enfoque casi exclusivo sobre el consumidor, perdonando a otros sectores de la sociedad como comercios y servicios, los cuales hasta el 2016 generaban casi el 48% de residuos sólidos en la Ciudad de México.

 

Entonces, ¿es inútil reciclar, no usar popote y comprar con las bolsas ecológicas? No necesariamente. Este tipo de políticas pueden generar una conciencia ambiental a nivel sociedad, que si se canaliza bien, se podría traducir a una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la protección ambiental. Incluso la ley sobre los popotes surgió como una iniciativa ciudadana; con el cambio gradual que se tuvo en la percepción sobre el uso del popote fue cuando el gobierno decidió convertirla en ley.

 

Según en el artículo 4to de la constitución mexicana, todos los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano, por lo cual cualquier atentado en contra de los ecosistemas mexicanos se consideraría una violación a dicho derecho. La participación ciudadana debe de empezar con todos los mexicanos siendo conscientes de sus  derechos ambientales y las acciones que se espera que debe tomar cada empresa para no afectarlos.

 

Uno de los problemas con la legislación ambiental en México es su tan extensa existencia de leyes y niveles de gobierno que se genera lo que se conoce como sobreregulación. Las normas federales establecen un mecanismo de explotar un recurso, mientras que una ley estatal exige otros requisitos para ese mismo recurso. De entre tantas regulaciones que duplican o anulan requisitos entre sí da a pie a las famosas lagunas legales, de donde surgen los mercados negros o las malas prácticas de las empresas. Si no hay un marco legal claro de derecho ambiental esto abre camino a un caos cuando se quiere hacer valer la ley.

 

En caso de alguna ilegalidad que produzca un impacto grave al ambiente, ¿qué puede hacer la sociedad civil si existe ambigüedad en las mismas leyes? Lo más común que se menciona es la organización. Identificar a los representantes de las localidades afectadas, como diputados y senadores, para exigir que vocalicen las preocupaciones ante las cámaras correspondientes; apoyar a organizaciones no gubernamentales en su labor como contrapeso y vigilantes del cumplimiento de la legislación ambiental.

 

Los popotes son un ejemplo positivo de las acciones ciudadanas bien organizadas que pueden generar un cambio; pero lamentablemente también existen los malos ejemplos. México es un país con una crisis de atentado contra los ambientalistas, estos son, las personas con interés de preservar la riqueza natural del país.

 

Sólo en lo que va del 2020 lamentablemente van 3 ambientalistas muertos; muchos de ellos reclamaban malas prácticas por parte de gobierno como de empresas privadas, como la tala ilegal de árboles en el santuario de la mariposa monarca. El mensaje que se manda con estos asesinatos es claro: es peligroso exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

 

Aunque existen las leyes que regulan la explotación de los recursos naturales, ¿por qué se siguen observando atentados contra el patrimonio natural de México? Se podría suponer que es provocado por los mismos cuatro problemas que ya se hablaron: poca transparencia en los estudios de impacto ambiental; violación de los derechos fundamentales de los ambientalistas; corrupción en los sistemas jurídicos, lo cual permite las malas prácticas; por último, la falta de confianza en las autoridades, lo cual deja sin opciones a quién acudir para aquellos que si tienen interés en el tema de protección ambiental.

 

El presente y futuro de la participación ciudadana

 

Si la situación en México no parece permitir un involucramiento civil por sus leyes y su cultura política, ¿entonces no hay esperanza para la participación ciudadana? No del todo; aún se podría vislumbrar una posibilidad. La investigación de Pippa Norris en 2002, puede dar algo de esperanza para la perspectiva actual.

 

En esta investigación mencionan que casi siempre se toma como indicador de participación ciudadana los modelos tradicionales, cómo la votación en elecciones populares. Este modelo, el cual nombran como “de deterioro,” sugiere que como ha disminuido la participación en las votaciones, entonces la sociedad se encamina a una era de apatía política y poco interés en las decisiones gubernamentales.

 

Pero, comenta Pippa Norris, hay que tomar en cuenta otros desarrollos sociales que influyen en la cultura, como el desarrollo tecnológico y educativo. Propone un modelo alterno para explicar lo que se observa, “de modernización”, en donde el avance de la tecnología, como el internet y dispositivos móviles, está generando nuevas formas de participación ciudadana. Aunque aumente el uso de estas nuevas herramientas de participación, no sustituyen a los tradicionales; ambos son complementos de un mismo fenómeno.

 

Ya en 2008 Víctor Pitalúa mencionaba en su ponencia “Nuevas herramientas para la participación ciudadana” que las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación) están abriendo nuevas posibilidades de participación para la ciudadanía. La era digital ha ayudado a compensar un poco los déficits que sufren los modelos tradicionales. Ha logrado que la información sea más accesible, se puede generar plataformas para lograr una mayor inclusión de grupos vulnerables y se puede exigir mayor rendición de cuentas y justicia en casos de corrupción o ilegalidades.

 

El detalle con los medios digitales es, como cualquier otra herramienta, que no es una cura milagrosa. Pitalúa tambiénmencionaba que, si bien el internet da muchas herramientas para acercar a la población hacia los tomadores de decisiones, se necesita un compromiso por parte de todos los involucrados en el proceso. En su texto, se enfoca principalmente a gobierno, en dónde comenta que será necesario que este establezca plataformas, personal y recursos suficientes para crear un mecanismo eficaz.

 

Principalmente las instituciones encargadas de organizar y legislar estos mecanismos deben de estar preparados para utilizar la web. Lo que más señala Pitalúa es que dichos organismos cuenten con herramientas de rendición de cuentas, información y solicitudes que puedan ser llevabas a cabo por medio de la red. También será necesario cursos constantes de capacitación de personal en temas informáticos, dirigidos tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general.

 

En 2011, Felipe Hevia y colaboradores  realizaron un análisis de las instancias públicas encargadas de rendición de cuentas. Su investigación arrojó que para 2010, muchas páginas web de transparencia pertenecientes a gobierno no cumplían con su función; la gran mayoría no presentaban información de quienes eran los responsables de  los proyectos, información de contacto (cómo números telefónicos o emails) y algunas hasta no informan sobre sus funciones. Esto parecía repetir el mismo problema que sucedía con las leyes: se crearon las herramientas, pero no cumplían con su misión de facilitadores de la participación ciudadana.

 

En una fecha más actual, como es el 2020, el activismo en redes se ha vuelto más frecuente. Ya es común que muchas campañas sociales adquieran fuerza por medio del internet (utilizando lo que muy vulgarmente se conoce como “el tren del mame”). Páginas como Change.org o la misma facilidad que da Twitter o Facebook de entablar contacto directo con personajes políticos han cambiado las dinámicas de participación ciudadana. Con la cada vez más común cercanía hacia los políticos, la participación ciudadana se está viendo transformada. La dinámica descendente unilateral (del poder al pueblo) se ha transformado en una increíble red, en dónde diferentes actores sociales (como medios de comunicación, actores, políticos y sociedad) encuentran una comunicación sin intermediarios casi instantánea.

 

¿Y qué hay de la cultura política? Aunque se sigue viendo la apatía política en la mayoría de la población, el internet ha facilitado un poco más el acercamiento a la participación ciudadana. En cambio, el autoritarismo y presidencialismo que tanto imperó en los años después de la revolución parece que vienen de regreso.

 

La presidencia actual dice ser una de cercanía con el pueblo, respetando su voluntad; pero la crítica de los medios de comunicación y algunos organismos internacionales parecen apuntar a lo contrario. Se ha puesto en duda dicha premisa, ya que parece ser otra de las viejas apariencias de la participación ciudadana. El ejemplo más notorio actualmente es el megaproyecto del “Tren Maya”

 

El gobierno justifica su construcción al decir que tiene el respaldo de la población. Pero lo que sale a relucir es el método poco transparente de la consulta ciudadana que se realizó en 2019 con respecto al tema. La ONU criticó que no cumplía con todos los estándares de participación ciudadana: las traducciones a los idiomas de algunas comunidades no estaba bien hecho, sólo dieron datos positivos sobre la construcción del tren, lo que sesgó la información; además de no asegurar la igualdad de género en la participación de la población, ya que sólo se registró un 1% de participación de las mujeres.

 

Si a eso se le suma que la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) fue acusado de ocultar datos sobre los impactos negativos del proyecto, admitiendo que los tenían disponibles para antes de la consulta, pero decidieron no publicarlos para “no influir en la consulta.” Lo anterior es una contra el principio de transparencia y acceso a la información de la sociedad, y lo que pone en tela de juicio la legitimidad de dicha consulta.

 

Todo lo anterior parece apuntar a un retroceso en el uso de las herramientas de participación ciudadana. Han regresado (o tal vez nunca dejaron de ser) sólo como un método para legitimar una decisión que ya había sido autorizada por el gobierno, como en las antiguas prácticas; un sello de aprobación social dudoso. Lo que marca la diferencia de las épocas pasadas con el presente es, como se mencionó arriba, el desarrollo tecnológico y acceso al internet.

 

Con la llegada de las redes sociales, el tránsito de información ya no es controlado totalmente por los medios masivos, el gobierno o lo que es peor, los medios controlados por el gobierno. Cada vez es más frecuente los debates y discusiones sobre las decisiones y malas prácticas de los gobernantes de cada nivel; además de facilitar la rendición de cuentas al poder acceder evidencias fotográficas, de video o publicaciones que quedan guardadas en la red.

 

Aunque se quisiera regresar a un autoritarismo absoluto, primero se tendría que eliminar las redes de información independientes. Lo anterior es algo que muchos países han intentado, como la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) en Estados Unidos; o incluso ya alcanzaron en dominio de la web (sólo es necesario ver el control total de las redes sociales en países como China o Corea del Norte).

 

Para concluir, la cultura política y leyes de participación ciudadana en México todavía tienen mucho que avanzar. Si se quiere tener un verdadero involucramiento de la población en la toma de decisiones, primero se debe de aceptar como parte de la educación la idea de que la participación no es voluntaria, sino un derecho y obligación de todos los ciudadanos.

 

También será vital entender que el sistema unilateral de toma de decisiones, en dónde primero el gobierno decide qué es relevante y luego se permite un involucramiento ya es obsoleto. Por último, la participación tendrá que trasladarse a la protección de la independencia del flujo de información en internet; esto con el fin de que exista un contrapeso de información y transparencia para todos los involucrados.

 

Al final, para crear una verdadera democracia no se puede seguir pensando que sólo hay una opción de participación, que es el voto en las urnas. Aunque es un mecanismo importante, no es el único al que debe de acudir un ciudadano al momento de expresar su interés en el rumbo del país. Se debe de conocer y promover los métodos de participación directa, además de exigir su simplificación para garantizar un acceso a la ciudadanía. Todo llevará una cantidad inimaginable de tiempo y esfuerzo a largo plazo, pero es un cambio necesario  si se quiere generar una sociedad cada vez más abierta y participativa.

 

Escrito por Nathalie Cristina Sánchez Esparza

 

Literatura consultada:

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2014. El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Primera Edición. Ciudad de México
• Gómez-García, L.E. El medio ambiente en el sistema jurídico mexicano. Revista Amicus Curiae, México, UNAM, año I, número 4, p. 3
• Hevia, F., Vergara-Lope, S. y Ávila-Landa, H. 2011. Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal. Perfiles Latinoamericanos 38: 65-88
• Moller, A.D. y Jaramillo-Cardona, M.C. 2009. Cultura política, participación ciudadana y consolidación democrática en México. Espiral XVI: 137-171.
• Olvera, A.J. 2009. Las leyes de participación ciudadana en México: proyectos políticos, estrategias legislativas y retos estratégicos en la democratización futura. Contrato Simplificado 6800002163: 1-29
• Norris, P. 2002. La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa. Recuperado el 28 de mayo del 2020 de: https://www.researchgate.net/publication/228772390
• Pitalúa-Torres, V.D. 2008. Nuevas herramientas para la participación ciudadana. Ponencia presentada en el Congreso Virtual Interinstitucional: Los Grandes Problemas Nacionales. Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de Estudios Parlamentarios.
• Sandoval, C., Sanhueza, A. y Williner, A. 2015. La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad: Las estrategias de participación ciudadana en los procesos de planificación multiescalar. Naciones Unidas. Manuales de la CEPAL. ISSN 2518-3923
• Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 2017. Inventario de Residuos Sólidos: Ciudad de México 2016. Pp: 8.
• Serrano-Rodríguez, A. 2015. La participación ciudadana en México. Estudios Políticos 34: 93-116.
• Guerrero, R. (01 de octubre del 2018). La Consulta Popular. Foro Jurídico. Recuperado el 02 de junio del 2020 de https://forojuridico.mx/la-consulta-popular/
• Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (19 de diciembre del 2019). El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia: ONU-DH. Naciones Unidas: México. Recuperado el 02 de junio del 2020 de http://www.onu.org.mx/el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia-onu-dh/
• Carabaña, C. (09 de marzo del 2020). Conacyt ocultó informe crítico con el tren maya; ven riesgo. El Universal. Recuperado el 02 de junio del 2020 de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacyt-oculto-informe-critico-con-el-tren-maya-ven-riesgo